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La discusión por la reforma laboral vuelve a poner el foco sobre un dato que enciende alarmas: más del 70% de los juicios por riesgos del trabajo se concentran en solo tres provincias.
En un contexto en el que el Gobierno impulsa cambios para reducir la litigiosidad y dar previsibilidad al sistema, las cifras de 2025 muestran un escenario de fuerte presión sobre el esquema vigente. Según el relevamiento de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), en 2025 ingresaron 134.141 nuevos juicios en todo el país.
Esto equivale a 132,8 demandas cada 10.000 trabajadores cubiertos, un nivel que agrava la situación del sistema. Pero el dato más llamativo es la concentración territorial. El 73% de los juicios se acumula en tres distritos: la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe.
Estas jurisdicciones reúnen el 61% de los trabajadores del país, lo que evidencia que el problema no responde solo al tamaño de su mercado laboral, sino a distorsiones estructurales en sus procesos judiciales.
La litigiosidad, además, creció 6,4% a nivel nacional en 2025. En este punto aparece, de acuerdo a la UART, la primera gran paradoja del sistema: “Los siniestros laborales se redujeron un 55%, los fallecimientos laborales bajaron un 80% y la cobertura se amplió sustantivamente a lo largo de los años, pero los juicios crecen de manera desproporcionada”.
La entidad también planteó una segunda paradoja vinculada a la comparación internacional. “Argentina cuenta con un sistema alineado con estándares internacionales en materia de prevención y con una cobertura integral más protectora que la de los países más avanzados. Sin embargo, enfrenta un nivel de litigiosidad completamente desproporcionado”, señaló.
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Y graficó: “Chile tiene 5,8 juicios cada 10.000 trabajadores y España tiene 8,5, mientras que Argentina alcanza los 132,8. Es decir, la litigiosidad local en 2025 fue 2200% mayor que la de Chile y 1500% superior a la de España”.
Si se comparan los índices provinciales 2025 con indicadores internacionales, la desproporción es aún más evidente: Santa Fe lidera el ranking con 296 juicios cada 10.000 trabajadores, le siguen Mendoza con 208, PBA con 159, Córdoba con 127 y CABA con 113 juicios cada 10.000 trabajadores.
“Estas tres jurisdicciones explican casi tres de cada cuatro juicios laborales por riesgos del trabajo de nuestro país”, advirtieron.
Para algunos especialistas del sector, la raíz del problema está en el desorden del sistema de pericias médicas judiciales. La Ley 27.348 estableció un mecanismo para ordenar y profesionalizar el proceso, pero a casi nueve años de su sanción sigue incumplida en la mayoría de las provincias. El esquema actual de peritos que cobran en proporción al monto del juicio -es decir, al valor que ellos mismos determinan- genera incentivos distorsivos.
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