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El hecho de que en los últimos tres meses, en pleno curso de la cuarentena que ordena el aislamiento social y la toma de diversas medidas sanitarias de índole preventiva, se haya denunciado en la Ciudad la realización de 443 fiestas clandestinas -que habitualmente se caracterizan por el alto número de personas que acude a ellas- constituye una referencia negativa y exige de las autoridades y, fundamentalmente, de la sociedad toda que se cumpla en forma rigurosa con las pautas recomendadas por los médicos y por el sistema público de salud destinadas a evitar la propagación del virus.
Por lo pronto, pareciera preciso insistir en que la población tome cabal conciencia de los datos estadísticos y otros índices que ponen en evidencia las graves consecuencias que viene causando el COVID-19.
Se sabe que la ordenanza 6147 y el DNU 576/2020 prevén la aplicación de sanciones a los organizadores de las fiestas clandestinas, labrándose primero un acta de contravención y tomándose los datos de todos los presentes en ellas.
“Venimos haciendo un gran esfuerzo como sociedad para superar esta pandemia, pero no podemos relajarnos, este tipo de reuniones sociales en donde no se toman en cuenta las medidas de protección dispuestas son las que más en riesgo nos ponen ante situaciones de contagio”, dijeron en la secretaria de Control Ciudadano.
La apreciación es correcta, en el sentido de que la inmensa mayoría de la población respetó las medidas preventivas dispuestas por el Gobierno nacional al establecer la cuarentena. Se aisló en sus hogares, sólo salió cuando los permisos así lo determinaban, usó los barbijos y mantuvo las distancias sociales. Las colas de personas esperando ingresar a los comercios fueron también y siguen siendo ahora una prueba de ello. Sin duda que los muchos meses transcurridos desde el inicio de las restricciones hicieron que se registraran algunos relajamientos, pero la actitud social mayoritaria ha sido hasta ahora digna de mención.
Sin embargo, lamentablemente nunca faltan excepciones. En estos meses, los fines de semana fueron muchas las reuniones clandestinas, ya sea de carácter familiar o de carácter masivo, en las que no se respetaron los topes de presencia que se encuentran establecidos.
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No se trata aquí de coartar salidas, sino de señalar que no se puede incurrir en actos de irresponsabilidad manifiesta. Alguien debiera también poner en consideración de quienes organizan esas fiestas o acuden a ellas que no cesa de crecer el número de víctimas del COVID-19 y que muchas de ellas pertenecen al sacrificado sector de salud, que combate en forma cotidiana y con heroísmo contra la enfermedad.
No hay por ahora indicios de que la pandemia se haya replegado. Por el contrario, los números de contagios y de letalidad se mantienen muy altos. Por eso, debe insistirse en que, mientras no haya una vacuna contra el COVID-19, el sistema de salud deberá enfrentar el desafío con el talento y el esfuerzo de sus integrantes, que deben contar con el máximo respaldo del Estado.
Pero todo ese despliegue será insuficiente si la población no cumple con su parte, respetando en forma rigurosa y sin excepciones los protocolos de prevención.
En este contexto, las autoridades debieran volver a promover intensas campañas para aleccionar a todos los sectores sobre las actitudes prudentes que deben mantener. Y le incumbe a la sociedad advertir que, concentraciones como las que se producen en las fiestas, constituyen muestras de irracionalidad que no pueden admitirse.
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