Alarma el mayor uso de armas y aumento de los homicidios

En un marco de inseguridad que puede considerarse como constante en las últimas tres décadas, la Región enfrenta este año, en lo que se refiere a la comisión de los delitos, un ostensible crecimiento en el uso de armas de fuego, a la vez que los homicidios que se registraron en lo que va de este primer semestre de 2020 superaron a los de todo el año anterior.

Tales referencias ofrecidas en un informe que se publicó ayer en este diario ponen en evidencia que se está frente a un agravamiento de la actividad delictiva que acosa a la población y que debería ser conjurado por las autoridades a cargo del tema.

De acuerdo a esos datos, durante los primeros cinco meses del 2020, en La Plata, Berisso y Ensenada se cometieron 32 crímenes, uno más que en todo 2019. Del total, doce s sucedieron durante el período de cuarentena obligatoria. Esa cifra está todavía lejos de los 53 asesinatos que tuvo la Región en todo 2018, aunque entre los homicidios y femicidios perpetrados en lo que va del año subyace una singularidad que forma parte de una situación preocupante: el creciente uso de armas de fuego.

Es así que en 21 de los homicidios ocurridos en estos seis meses se utilizaron armas de fuego (pistolas, revólveres o escopetas), mientras que en siete se usaron armas blancas. Es decir, en más del 65 por ciento de los casos fueron armas de fuego las utilizadas. Tales registros, como se verá, se contraponen radicalmente a los de años anteriores. Así, en 2019 los homicidios con armas de fuego representaron el 35 por ciento, mientras que el resto se cometió con armas blancas; en 2018 las armas de fuego se emplearon en el 38 por ciento de los crímenes.

En el mencionado informe algunos expertos en seguridad adelantaron ya algunas interpretaciones, a saber: la evidencia de que muchos delincuentes, ahora, “tiran por tirar”; habría más situaciones de violencia de género; se advierte la incidencia de la droga y del narcotráfico en muchos episodios y existen muchos enfrentamientos a tiros entre bandas de narcotraficantes, que despliegan su poderío a través de la violencia y del uso de armas de fuego, entre otras de las hipótesis que podrían, ahora, analizarse con mayor detenimiento.

Se ha dicho muchas veces en esta columna que todos los esfuerzos orientados a sacar de circulación armas de fuego son un aporte a la paz social. Sin embargo, persiste aún en el orden nacional un vacío en lo concerniente a contar con una ley que busque evitar la comercialización ilegal de armas, considerándose además que está demostrada en los últimos tiempos una mayor resistencia de las víctimas, lo que deriva en desenlaces tan inesperados como lamentables.

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Años atrás se impulsó con algún éxito un programa entrega voluntaria de armas de fuego, un procedimiento que se ideó para liberar las zonas grises de las armas, que contemplaba armas registradas y no registradas y también la rapidez de su destrucción. Lo importante es que el programa se gestó con la participación activa de la sociedad civil, de distintas ONGs y fundamentalmente de padres de víctimas, por el mal uso de armas. Ello, sin dejar de abogarse siempre por la existencia de una fuerza policial capacitada y dotada de suficientes recursos operativos.

Desde luego que el problema es enormemente complejo y requiere el impulso de políticas integrales, que exceden al de la tenencia de armas. Sin embargo, es preciso ir dando pasos al frente en los distintos campos involucrados por el tema de la inseguridad. Sin asumir posiciones extremas, existen medidas concretas que la sociedad –no sólo la policía, también los organismos judiciales, el área educativa y, en definitiva, toda la población- podría impulsar, para reducir en forma sensible la presencia delictiva en las calles y, a la vez, inculcar en la sociedad una cultura de la vida y no de la muerte.