Otro paso del Presidente por el pedido de juicio político a la Corte

La jugada de iniciarle un juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que el presidente Alberto Fernández asegura que es propia y no la consultó con su vicepresidenta Cristina Kirchner, dio nuevos pasos aunque aún sigue siendo incierto su resultado final. El propio jefe de Estado entregó ayer por la tarde al jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez; y a la titular de la comisión de Juicio Político de la Cámara baja, Carolina Gaillard, el pedido que impulsa junto a 11 gobernadores -de los 23 sin contar obvio tampoco al jefe de gobierno porteño- y requirió su “pronto tratamiento legislativo” aunque todavía no está el llamado a sesiones extraordinarias, como debe ser en estos meses de verano para sesionar.

De esta manera, Fernández entregó a los legisladores oficialistas el escrito de más de 30 carillas anticipado públicamente el martes durante una reunión realizada en la Residencia de Olivos.

En tanto, gobernadores, funcionarios y legisladores del FdT respaldaron el pedido de juicio político contra el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y los jueces de ese tribunal Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, al considerar que existen “sobrados elementos como para avanzar” en ese proceso.

El oficialista Frente de Todos cuenta con la mayoría simple necesaria para abrir la etapa de investigación, pero carece de los dos tercios de votos necesarios en la Cámara de Diputados y el Senado para avanzar en la acusación y destituir a los cuatro magistrados de la corte. La quinta plaza, se sabe, está vacante.

El casi conflicto poderes escaló en las últimas semanas luego de que el Tribunal Supremo fallara a favor del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en una disputa con Fernández por el reparto federal de los fondos provenientes de la recaudación de impuestos.

El comunicado difundido por Presidencia impulsa de manera conjunta el juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, bajo la acusación de “mal desempeño de sus funciones” y “manifiesta parcialidad” a la hora de dictar fallos.

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En el comunicado se asentaron las firmas de los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires); Raúl Jalil (Catamarca); Jorge Capitanich (Chaco); Mariano Arcioni (Chubut); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Gildo Insfrán (Formosa); Sergio Ziliotto (La Pampa); Ricardo Quintela (La Rioja); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Gustavo Melella (Tierra del Fuego), y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

El jefe de Estado acusó directamente a la Corte Suprema de “invadir arbitrariamente las esferas de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes” del Estado. Lo consideró además “un fallo político de cara al año electoral”, en referencia a los comicios generales de octubre próximo en los que el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, es uno de los presidenciables de la oposición.

En respuesta, Larreta acusó a Fernández de querer “romper el orden constitucional”. La coalición opositora Juntos por el Cambio, que integra el alcalde, ya anunció su rechazo al juicio político.

La iniciativa de Fernández se enmarca en una ofensiva del gobierno contra el poder judicial al que, desde el inicio del mandato en 2019, Alberto Fernández dijo querer reformar, en particular la Corte Suprema.

Lo mismo desde el kirchnerismo en medio de las urgencias judiciales de su jefa, condena a fines del año pasado a 6 años de prisión por corrupción.

Pese a que inicialmente el martes se informó de que 12 de los 24 gobernadores del país respaldaron el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema en un capítulo más de la tensión política entre el Poder Ejecutivo y el máximo tribunal, fueron 11, ya que el de Entre Ríos, el peronista Sergio Bordet, abandonó el proyecto. Tampoco acompañaron Juan Schiaretti (Córdoba) y Omar Perotti (Santa Fe).

Las diferencias entre el Ejecutivo y el Supremo de Justicia también abarcan las decisiones relativas a la composición del Consejo de la Magistratura -el órgano que nombra, sanciona y remueve jueces-, en un contexto en que la vicepresidenta afronta varias causas por presuntos hechos delictivos ocurridos durante sus mandatos.