Por fallos adversos en el exterior y el pago de intereses, Argentina debe cada vez más

Además del juicio por la expropiación de YPF, por el cual la Argentina fue condenada por un tribunal de Nueva York a pagar U$S16.000 millones en resarcimientos por daños económicos, el país tiene litigios en el exterior por casi U$S7.000 millones.

Las demandas más significativas están concentradas en el Centro Internacional de Arreglos de Disputas sobre Inversiones (CIADI), que depende del Banco Mundial. Ante ese tribunal, hay juicios contra la Argentina por U$S3.840 millones. Eso incluye a aquellos de beneficiarios de fallos que aún no han cobrado, otros que están en litigio y sin resolución y otros que están negociando el pago, explicó el analista experto en deuda Sebastián Maril.

También hay más deudas, como es el caso de los “Cupones PBI” por U$S1.500 millones: en abril, el país perdió un juicio sobre los pagos de los denominados “cupones PBI” de 2013, una serie de activos en euros que ajustaban por crecimiento del PBI. Entonces, el Tribunal Superior de Londres condenó a la Argentina a pagar 1.330 millones de euros a bonistas por haber falseado el índice. La demanda fue realizada en 2019 y se reclamó una indemnización de hasta 643 millones de euros (U$S704 millones). El juez Simon Picken falló a favor de los bonistas y determinó que la Argentina debe pagar la cifra que solicitaron más los intereses, por lo que el número escala a 1.330 millones de euros, casi U$S1.500 millones.

Attestor Capital es acreedor de Argentina por U$S415 millones. En Nueva York, el país perdió un caso en primera instancia por la deuda en default a raíz de un reclamo del fondo de inversión Attestor Capital, de origen británico y con sede en las Islas Caiman. Son cuatro demandas por un total de U$S415 millones.

Otros juicios que tiene la Argentina en el exterior son los de Aerolíneas Argentinas por U$S340 millones; Holdouts por U$S287 millones, Bainbridge Capital por U$S93 millones y WeBuild por U$S30 millones, según Latam Advisors.

UNA DEUDA muy PESADA

Los reveses judiciales que sufrió el Estado argentino en los tribunales de Nueva York y Londres por los juicios de la expropiación de YPF y del pago no realizado del bono cupón PBI a los inversores pusieron sobre la mesa cuál será el costo que deberá afrontar el país en los próximos años.

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Un cálculo, hecho recientemente por la consultora FMyA, de Fernando Marull, le puso números a ese horizonte de eventual costo financiero por el amplio abanico de litigios que afronta el Estado por distintas decisiones de política económica que tomaron gobiernos kirchneristas y que va desde YPF hasta distintos expedientes abiertos ante el CIADI, o los holdouts de la deuda que cayó en default en 2001. También incluyó, en esa cuenta, distintas decisiones de renegociaciones, como con el Club de París, en 2014.

Los cálculos del economista ubican esa cifra en los U$S64.000 millones. Como referencia, son U$S20.000 millones más que el programa con el Fondo Monetario Internacional. El caso más oneroso fue, asegura, el de los holdouts, que fueron a los tribunales de Nueva York –liderados por fondos buitre como NML, de Paul Singer– a exigir el pago completo de los bonos que fueron reestructurados en 2005 y 2010. Tras años de litigio en el juzgado que encabezaba en ese momento Thomas Griesa –y que ahora comanda Loretta Preska, la jueza que decidió sobre el caso YPF– el gobierno de Mauricio Macri llegó a un acuerdo con la mayor parte de esos tenedores de bonos.

El costo fue de U$S18.000 millones, que fueron cubiertos con emisiones de títulos en dólares, en el regreso de la Argentina al mercado de deuda internacional.

En segundo lugar en orden de relevancia para las cuentas públicas, Marull colocó a YPF, ya con una sentencia por U$S16.000 millones a favor del fondo Burford, titular del derecho de litigio en los tribunales neoyorkinos por la expropiación a Repsol, según Infobae. Ahora Argentina deberá negociar para evitar pagar el total de los U$S16.000 millones

La expropiación de la mayoría accionaria de la empresa fue una decisión política tomada hace una década durante el gobierno de Cristina Kirchner y que generó un fuerte reclamo de privados que fueron socios de la petrolera y se consideraron damnificados; la causa se cursó en Nueva York porque la empresa argentina cotiza en Wall Street. Por el paquete accionario nacionalizado, además, el Estado emitió bonos Bonar 2024 para afrontar la indemnización a Repsol.

La jueza del distrito de Nueva York Loretta Preska falló en contra de la Argentina en el caso por la estatización de YPF, realizada en 2012 bajo el gobierno de Cristina Kirchner. La magistrada le dio la razón al fondo demandante, Burford, y fijó en U$S16.000 millones el monto de resarcimiento por daños económicos que deberá afrontar el país.

Tras ocho años de litigio y luego de que en julio se llevara a cabo el juicio durante 3 días, se conoció el nuevo fallo adverso. La Argentina apelará en octubre a través de la Procuración del Tesoro.

El gobierno argentino apelará inmediatamente el fallo de la jueza Loretta Preska. La apelación puede llegar en octubre y será el próximo gobierno el que deba definir si negocia con el fondo demandante o lleva el caso ante la Corte Suprema de Justicia de EE UU, explicó Maril.

Por otro lado, Marull identifica a la deuda renegociada con el Club de París en 2014 por el entonces ministro de Economía Axel Kicillof. Como resultado de ese ida y vuelta, el acuerdo firmado por Kicillof y los países acreedores de la Argentina implicó la devolución de U$S9.690 millones en un plazo de cinco años, hasta mayo de 2019. De total, cerca de U$S5.000 millones fue el capital adeudado mientras que el resto (unos U$S4.700 millones) estuvo integrado por intereses de esos pasivos y por punitorios acumulados a lo largo de los años.

En tanto, FMyA también calculó otros U$S5.000 millones por deudas del Plan Gas y otros subsidios a la energía que fueron pagados con más emisión de deuda pública durante el gobierno de Macri. Más atrás aparecen, en tanto, unos U$S4.700 millones por dólar futuro que tuvo que pagar el Banco Central por los contratos vendidos por la autoridad monetaria sobre el final del mandato de Cristina Kirchner y que fue abonado a través de una mayor emisión monetaria.

En el caso de los “Cupones PBI” Argentina debe pagar U$S1.500 millones