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Fue impulsada por tres dirigentes de la oposición contra los camaristas platenses Benavides y Villordo
La denuncia que desde la oposición se realizó contra los jueces que liberaron a Julio "Chocolate" Rigau y anularon la investigación ya ingresó a la órbita de la Suprema Corte de Justicia.
La presentación penal que ayer fue formulada por los dirigentes de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy, María Eugenia Talarico y Javier Iguacel contra los integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones de La Plata Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo, fue remitida hoy por la Procuración General de la provincia de Buenos Aires a la oficina de Control Disciplinario, dependiente del máximo tribunal provincial, confirmaron a este diario fuentes oficiales, y ahora deberá analizar si hay elementos suficientes para iniciar un sumario sobre la actuación de ambos camaristas.
Según los denunciantes, los hechos "permiten sin lugar a dudas poner un manto de sombra sobre las contrataciones de los empleados legislativos". "Creemos que semejante cantidad de tarjetas para extraer dinero público en poder de una sola persona, demuestran que no actúa solo y que forma parte de un armado mayor de protección, de presta nombres, de padrinos políticos que se han organizado para defraudar al Estado", señalaron en el escrito.
Incluso, remarcaron que el abogado del puntero, Alfredo Gascón Cotti, es a su vez asesor en la Legislatura, lo que suma más dudas sobre el uso de fondos públicos.
Los hechos justifican, según dijeron, "investigar la razonabilidad del costo presupuestario de la Legislatura a la luz de la posible comisión de delitos".
La causa está anulada mientras se espera la apelación del fiscal general de La Plata Héctor Vogliolo, para lo cual tiene un plazo de 20 días, para recurrir a la Cámara de Casación Bonaerense pidiendo que siga activa la investigación contra Rigau, quien a raíz del fallo de la Cámara recuperó su libertad después de ser detenido in fraganti sacando dinero de un cajero automático con 49 tarjetas de débito de empleados de la Legislatura bonaerense y con más de un millón de pesos en efectivo.
El caso que escandaliza a la Legislatura aparece como insólito por la forma en que cayó "Chocolate" Rigau. Incluso un testigo que declaró en la causa complica al hombre que encontraron con las 49 tarjetas de débito en el cajero del Banco Provincia de 7 y 54.
Se trata de un joven estudiantes de Derecho que fue identificado como Ezequiel y es uno de los titulares de los plásticos secuestrados. Un día antes de que se decrete el "secreto del sumario" estuvo declarando en la comisaría y su testimonio complicó al acusado, que más tarde fue liberado por los jueces platenses Alejandro Villordo y Juan Benavides, que declararon nula la causa.
Ezequiel contó que estaba sin trabajo y que alguien se le acercó -pero no recordaba quién era- para ofrecerle un puesto como asesor en la Cámara de Diputados bonaerense. Si bien no dio nombres, sí describió cómo era la operatoria, por lo que dejó al descubierto el procedimiento.
Dijo que le entregaron la tarjeta de débito en los primeros días de enero de este año en Diputados, aunque declaró que no sabía quién la recibió. Le dijeron que iban a contratarlo, por lo que firmó "el papel" y le mandaron la tarjeta, pero poco después le informaron que el contrato se había caído. Así fue que le pidieron que devuelva el plástico sin recordar a quién se lo entregó.
Como era una de las tarjetas que se le secuestraron a Rigau, el joven fue llamado a declarar como testigo. En ese marco, fuentes del caso aseguran que también hay "muertos que cobraban".
Según indicaron de forma irónica, "los muertos van al cajero y ponen la clave”. Es que habrían identificado personas fallecidas entre las tarjetas de débito secuestradas en el operativo llevado a cabo en el centro de La Plata.
El testimonio de Ezequiel, sumado al acta de procedimiento, fueron tomados por los jueces de nuestra ciudad como nulos por carecer de rigor judicial para que tengan legalidad. Es por eso que ayer dirigentes opositores denunciaron a Villordo y Benavides, quienes liberaron a "Chocolate", y pidieron el jury de enjuiciamiento.
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