YPF: este lunes la jueza decide por las acciones

La jueza de Nueva York Loretta Preska anunció que este lunes 14 decidirá si le otorga a la Argentina la suspensión de la entrega de las acciones de YPF para pagar la sentencia por U$S16.000 millones por la expropiación de la petrolera.

La magistrada comunicó por escrito a la Argentina y los beneficiarios del fallo, los fondos Burford y Eton Park, que decisión sobre el pedido argentino para que suspenda la entrega de acciones -y por ende las posibles sanciones al país por incumplimiento- mientras se sustenta la apelación.

Además, les dio a las partes “tres días adicionales” para ir a la Corte de Apelaciones, algo que Argentina ya hizo el jueves al adelantarse a lo que esperan sea un fallo adverso de Preska.

El lunes, la fecha tope para que el país depositara los papeles de YPF en custodia en un banco de Nueva York, Preska no va a definir si cancela o revierte la orden que dio el 30 de junio, sino que va a decidir si suspende o no la entrega de las acciones mientras la Argentina apela, aclaró Sebastián Maril, de Latam Advisors.

“Si la suspende, los beneficiarios del fallo no podrán ejecutar la sentencia mientras la Argentina apela”, explicó el analista, que sigue al detalle los juicios contra el país en el exterior.

Además, la Corte de Apelaciones de Nueva York ordenó que transiten por apelaciones paralelas las dos sentencias dictadas la semana pasada por la jueza Preska por el caso YPF.

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Es por esa orden que el país enfrenta cuatro apelaciones paralelas por el caso YPF en la Corte de Apelaciones. El Gobierno argentino advirtió que está dispuesto a llevar el reclamo a la Corte Suprema de los Estados Unidos.

“La operación primaria es la apelación que hizo el gobierno de Alberto Fernández en 2023 contra el fallo que obliga a pagar U$S16.000 millones y la secundaria es la presentada por la ONG Republican Action for Argentina (RAFA) que busca que se desestime el caso por corrupción en el proceso de nacionalización. Las otras dos son las sentencias de la semana pasada que obligan al país a entregar las acciones de la empresa”, detalló Maril.

El Gobierno argentino ya fue condenado en septiembre de 2023 a pagar más de U$S16.000 millones en el juicio principal iniciado por Burford Capital, que compró los derechos de los demandantes originales. La sentencia de Preska determinó que Argentina incumplió con la obligación de lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) a todos los accionistas minoritarios luego de nacionalizar el 51% de la compañía.

En octubre de ese año, la gestión de Alberto Fernández presentó la llamada operación primaria, que buscó frenar la ejecución de ese fallo millonario que acumula más de U$S1.000 millones en intereses. Esa maniobra intentó postergar los pagos y ganar tiempo mientras se negociaba una salida menos costosa para el Estado argentino.