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En 2024 estuvo muy por debajo del promedio del país, mientras que distritos chicos recibieron cifras millonarias por habitantes
Un análisis de las transferencias de la Nación a las provincias en 2024 revela un patrón de distribución per cápita que agrava la inequidad fiscal en el país. Mientras que algunas provincias del interior recibieron cifras millonarias por habitante, la provincia de Buenos Aires se ubicó en el extremo opuesto, con una de las asignaciones más bajas por ciudadano. Este fenómeno, si bien es histórico, se profundizó en el último año debido a los recortes en las transferencias discrecionales.
Lo insólito es que, según datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), las provincias del norte y del sur del país, con menor población, son las que históricamente lideran el ranking de transferencias per cápita. El año pasado, distritos como Tierra del Fuego, Catamarca y Formosa se destacaron por percibir montos significativamente superiores a la media nacional en concepto de coparticipación y otros fondos federales.
Cuando se toma el monto consolidado transferido a provincias y a CABA y se la relaciona con la población del país, les hubiera correspondido recibir $918.095 por cada habitante con independencia del lugar de residencia, según un informe de la Comisión de Coparticipación de Impuestos del Senado. Pero tomando como base este “promedio”, tres jurisdicciones reciben mucho menos: la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires y Mendoza; y las otras 21 jurisdicciones reciben un monto mayor por habitante, que este promedio.
La provincia de Buenos Aires (con una población de 17.523.996 personas de acuerdo al último censo de 2022) recibió en 2024 per cápita $534.599 por habitante y representa el 58,2 por ciento del promedio-país. En el otro extremo, entre las más beneficiadas se encuentran Tierra del Fuego (185.732 habitantes) recibiendo casi el triple del promedio país (2.9 veces); Catamarca (429.562 habitantes) que lo multiplica con 2,8 veces; Formosa (607.419 habitantes) con 2.6 veces; La Rioja (383.865 habitantes) y La Pampa (361.859 habitantes)q ue multiplican ese promedio país por 2.3 veces; y la provincia de Santa Cruz (337.226 habitantes) que duplica el mismo (ver gráfico).
El territorio bonaerense, que concentra casi el 40 por ciento de la población argentina y aporta alrededor del 40 por ciento de la recaudación total de impuestos nacionales, recibe por ley apenas un poco menos del 22 por ciento de la masa coparticipable.
Cuando se traduce esto a cifras por habitante, el resultado es elocuente. Mientras que los ciudadanos de las jurisdicciones patagónicas o del norte argentino reciben un monto muy superior al promedio, el bonaerense se encuentra en la base de la pirámide de la distribución.
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El problema se vio agravado en 2024 con el fuerte recorte de las transferencias no automáticas, que cayeron más del 75 por ciento en términos reales a nivel nacional. Si bien este ajuste afectó a todas las jurisdicciones, la provincia de Buenos Aires sufrió una de las mayores mermas en términos absolutos, perdiendo más de $1 billón en fondos que se utilizaban para financiar obras, programas sociales y servicios de salud y educación.
De acuerdo al DNAP, las transferencias automáticas del Estado nacional a las 23 provincias y a la Ciudad de Buenos Aires sufrieron el año pasado una caída real del 9,8 por ciento en comparación con 2023.
Este fenómeno de recibir menos, si bien es histórico, se profundizó en el último año
La principal causa de esta caída generalizada es el deterioro en la recaudación de los impuestos coparticipables, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Ganancias. No obstante, la situación de Buenos Aires se vio agravada por la fuerte reducción en los recursos provenientes de leyes especiales y compensaciones por el Consenso Fiscal, que se desplomaron hasta un 57,2 por ciento en términos reales.
En un análisis comparativo, la diferencia entre las pérdidas de Buenos Aires y el resto de las provincias es abismal. Mientras que la provincia gobernada por Axel Kicillof perdió más de un billón de pesos, las siguientes en la lista, Santa Fe y Córdoba, sufrieron pérdidas considerablemente menores, con $360.086 millones y $347.327 millones, respectivamente. Esto pone de manifiesto una vez más la disparidad histórica en el sistema de coparticipación federal, donde la provincia más grande y poblada recibe un porcentaje muy inferior al que aporta al total de la recaudación nacional.
El escenario de 2024 refuerza el histórico reclamo de la provincia de Buenos Aires por un sistema de coparticipación más equitativo.
El Gobierno bonaerense ha sostenido en la Corte Suprema de Justicia que su contribución a la economía nacional no se ve reflejada en los fondos que recibe, lo que le genera un déficit crónico para financiar sus servicios públicos. A pesar de que los porcentajes de la Ley 23.548 de 1988 asignan a Buenos Aires un 21,3 por ciento de la coparticipación, la disminución de los fondos discrecionales por parte del gobierno nacional ha exacerbado la presión financiera sobre nuestra provincia.
La provincia más grande y poblada recibe un porcentaje muy inferior al que aporta
La caída real de la coparticipación afecta la capacidad de todas las jurisdicciones para sostener sus gastos de funcionamiento, salarios y obras públicas.
Sin embargo, en el caso de Buenos Aires, el impacto es especialmente crítico, debido a su gran tamaño y a la complejidad de sus necesidades sociales. Este panorama fiscal renueva el debate sobre la urgente necesidad de una nueva Ley de Coparticipación Federal que garantice una distribución más justa y transparente de los recursos.
En un contexto de recesión y ajuste fiscal, la brecha en las transferencias por habitante se ha convertido en un reflejo crudo de la tensión entre el centralismo y el federalismo, dejando en evidencia que, en la distribución de la riqueza nacional, algunos ciudadanos valen más que otros.
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