Venezuela se atrinchera: amplio operativo para la “resistencia”

El chavismo cerró filas alrededor de Nicolás Maduro. Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los cinco poderes públicos de Venezuela ratificaron su respaldo al mandatario luego de que Washington anunciara una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a su captura. Esa cifra duplica la ofrecida a comienzos de año y elevó el clima de tensión entre Caracas y la Casa Blanca.

Desde el Palacio de Miraflores desestimaron las acusaciones sobre el supuesto “Cartel de los Soles”, que Estados Unidos describe como una organización criminal con nexos con altos mandos chavistas. Para el oficialismo, se trata de un “invento” destinado a justificar la operación militar norteamericana en el Caribe.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, informó que buques de mayor porte fueron enviados a aguas territoriales venezolanas como parte de una operación contra el narcotráfico. En paralelo, el gobierno reforzó la frontera con Colombia con 15.000 efectivos en Zulia y Táchira, dos estados históricamente permeables al contrabando y a los grupos armados irregulares.

La respuesta también incluyó la orden presidencial de movilizar a 4,5 millones de milicianos en todo el territorio nacional, una cifra que Caracas presenta como símbolo del “pueblo en armas” dispuesto a defender la soberanía.

Alistamiento ciudadano masivo

El Plan Nacional de Soberanía y Paz activó un proceso de alistamiento de la Milicia Bolivariana. De acuerdo con datos oficiales, 8,2 millones de venezolanos ya se inscribieron, y el gobierno lanzó un registro permanente a través de la plataforma estatal “Sistema Patria”.

Este mecanismo apunta a institucionalizar a la Milicia como un actor central de la defensa nacional, mezclando funciones militares con un componente civil, en línea con la concepción bolivariana de “un pueblo uniformado”.

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En búsqueda de apoyo

La ofensiva diplomática acompaña la movilización militar. Maduro envió una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, en la que expresó su “profunda preocupación” por lo que calificó como la “mayor amenaza al continente en cien años” y pidió la intervención del organismo para frenar lo que describe como una escalada de agresiones.

La ONU manifestó estar “muy preocupada” por la creciente tensión y exhortó a las partes a resolver sus diferencias de manera pacífica. En paralelo, Caracas recurrió a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) para que llame al retiro inmediato de las fuerzas estadounidenses en el Caribe.

Movilización en las calles

El oficialismo volcó su músculo político a las calles. En Caracas, simpatizantes chavistas marcharon hasta el Cuartel de la Montaña, donde descansan los restos de Hugo Chávez, para jurar defender la patria. En el Cabo San Román, el punto más septentrional del país, pescadores, militares y funcionarios protagonizaron una concentración en defensa de la soberanía.

Las imágenes se repiten en distintas regiones: banderas, consignas y milicianos en uniforme forman parte del paisaje de una Venezuela que se siente en “alerta máxima”.

La escalada ocurre en un contexto de larga confrontación entre Washington y Caracas. Desde 2019, EE UU desconoce a Maduro como presidente legítimo y ha intensificado sanciones y presiones políticas. Ahora, con el despliegue de buques en el Caribe, el enfrentamiento suma un componente militar que eleva la incertidumbre regional.

Maduro advirtió que, si Venezuela es atacada, el país “pasará a una etapa de lucha armada”. Sus palabras reflejan que el conflicto dejó de ser únicamente diplomático o económico: Caracas busca mostrar que está dispuesta a resistir en todos los frentes.