Validan dichos de los arrepentidos, que complicaron a Cristina y a ex funcionarios

Desde el kirchnerismo había muchas expectativas por este fallo, que podía dejar sin efecto las declaraciones de las cuales se basó el fallecido juez federal Claudio Bonadio para elevar a juicio oral la causa de presunto pagos de sobornos durante la segunda administración de Cristina Kirchner, mientras que desde el lado de los denunciantes -en su mayoría arrepentidos-, existía mucha preocupación e incertidumbre porque una anulación de sus testimonios los ponía en una situación muy incómoda.

Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó ayer por mayoría la validez de las declaraciones de los arrepentidos en esta llamada “causa de los cuadernos”, al rechazar recursos de las defensas de procesados en la causa, entre ellos el exministro de Planificación Federal Julio De Vido.

En un fallo de 200 carillas, los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña desestimaron los planteos de las defensas para declarar la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido e invalidar los dichos de quienes fueron aceptados como imputados colaboradores en la investigación.

Ahora, los abogados de los procesados no descartaban acudir a la Corte Suprema en su reclamo.

Los jueces, con la disidencia de la tercera camarista Ana María Figueroa, consideraron que será en la etapa de un futuro juicio oral donde “con la amplitud probatoria propia del debate, serán dirimidos todos los planteos que puedan surgir para el supuesto de que en algún caso concreto se verifique afectación de garantías constitucionales”.

“Es menester reiterar que la alegada defectuosa registración de las declaraciones recibidas en el marco del acuerdo de colaboración -art. 6 de la Ley 27304- no afecta la validez del acto en sí”, consideró el fallo al rechazar planteos vinculados a la falta de registro fílmico o de audio de esas confesiones.

Sin embargo, los jueces sí advirtieron que la falta de registro de las declaraciones de los imputados colaboradores “podría incidir, en su caso, con mayor o menor intensidad en las distintas etapas en que deba ser evaluado para determinar las responsabilidades penales de los aquí imputados”.

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A JUICIO ORAL

En la investigación está procesada la vicepresidenta Cristina Kirchner como presunta “jefa de una asociación ilícita”, además de De Vido, entre otros exfuncionarios de su último gobierno y empresarios vinculados a la obra pública además del arrepentido chofer Oscar Centeno, entre otros.

Todos fueron enviados a juicio oral por los presuntos delitos de asociación ilícita y cohecho.

En su voto minoritario, la camarista Figueroa consideró que debía dictarse la nulidad de las declaraciones de todos los imputados colaboradores en el marco de la ley 27304, del Arrepentido, por “violación al principio de irretroactividad de la ley penal más gravosa” y por las “deficiencias procesales” en la investigación que estuvo a cargo del juez federal Claudio Bonadio.

Precisamente Bonadio dio por corroborados los dichos de los 31 imputados colaboradores del expediente, que buscaron así recuperar su libertad y/o tener alguna reducción en la pena en caso de recaerles una condena.

Asimismo, señaló que sus aportes fueron “sustanciales” para confirmar la existencia de una “estructura delictiva” que se dedicó al cobro de “fondos ilegales”, tal como lo contó durante 12 años Centeno en sus cuadernos.

El caso de los cuadernos explotó a fines de julio de 2018 cuando el juez Bonadio dispuso una serie de detenciones de empresarios y exfuncionarios kirchneristas a los que acusó de formar parte de una asociación ilícita encabezada por la ex mandataria y dedicada a recolectar coimas vinculadas a las asignaciones de obra pública.

La causa tomó estado público el 1 de agosto, meses después de comenzada, con una serie de allanamientos, detenciones y citaciones a declaración indagatoria dispuestos respecto de exfuncionarios públicos y empresarios contratistas del Estado. E

LOS CUADERNOS

La información que dio origen a la causa surgía de los cuadernos supuestamente escritos por Centeno, que dijo haber anotado los viajes del exfuncionario de Planificación Roberto Baratta, a quien señaló como una suerte de recaudador, y repartidor, de coimas. Incluso hasta la residencia de Olivos.

Mientras el caso avanzó sin los originales de los cuadernos, una larga lista de empresarios accedió a suscribir acuerdos de arrepentimiento con el fiscal Stornelli: el primero fue Juan Carlos de Goycoechea, de Isolux, y luego le siguieron otros como Ángel Calcaterra (primo del expresidente Mauricio Macri) o Aldo Rogio y exfuncionarios como Claudio Uberti, ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales.

La causa tiene 172 personas procesadas, de las cuales 71 ya fueron confirmadas por la Cámara Federal y están listas para el juicio oral.

Del total de procesados hay 136 empresarios, 22 exfuncionarios y 14 testaferros. No es todo: entre aquellos 172 procesados hay 31 “arrepentidos”.