Diputados le dio luz “verde” al aborto y ahora el Senado tendrá la última palabra

La Cámara de Diputados aprobó, en el marco de una sesión maratónica y tras más de 20 horas de debate, el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, mientras manifestantes ‘verdes’ y ‘celestes’ siguieron las alternativas de la sesión durante toda la noche en las inmediaciones del Congreso. La iniciativa, impulsada por el presidente Alberto Fernández y que autoriza la IVE hasta la semana 14 de gestación, tuvo 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones. Y ahora el Senado tendrá la última palabra cuando trate el proyecto. Fuentes de esa cámara le confirmaron a EL DIA que la votación será el 29 de diciembre. El panorama en ese cuerpo es más incierto, ya que está integrado por legisladores oficialistas y opositores con posturas más conservadoras respecto al tema.

Cuando se transmitió el resultado de la votación en las grandes pantallas instaladas en las inmediaciones del Congreso, miles de pañuelos “verdes” estallaron en gritos de alegría y se abrazaron.

A varios metros se vio la contracara. Otra multitud con prendas de color celeste y banderas argentinas lamentó el resultado. Algunos agacharon la cabeza y otros lloraron.

Lo que fue común en ambos grupos fue la gran cantidad de personas sin barbijo o que no respetaron el distanciamiento social dispuesto frente a la pandemia del coronavirus, un verdadero foco de preocupación.

Esta nueva movida en pos de la despenalización del aborto se da dos años después de que otra propuesta similar naufragara en el Senado tras ser aprobada en Diputados.

Argentina penaliza actualmente a las mujeres y a quienes les ayudan a abortar. Las únicas excepciones contempladas por ley son los casos de violación o riesgo para la salud integral de la madre, que están previstos en protocolos que no se cumplen en ocho provincias del país, de acuerdo con denuncias de distintos legisladores.

El proyecto busca entre otras cosas, la erradicación de los abortos clandestinos

Para quien defienden la postura “verde”, la aprobación de esta ley constituiría una conquista simbólica en América Latina, donde la influencia de la Iglesia católica es muy visible y la interrupción del embarazo está muy castigada a excepción de Uruguay, Cuba, Ciudad de México, el estado mexicano de Oaxaca, las Antillas y la Guyana Francesa. Y en el caso de nuestro país, se agrega el hecho de que el Papa es argentino.

El proyecto es apoyado desde hace más de una década por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, cuyas integrantes celebraron el resultado al término de la votación.

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“Estamos más cerca de que el aborto voluntario sea ley, de un país donde las mujeres, niñas y otras personas con capacidad de gestar puedan ejercer verdaderamente todos sus derechos y decidir sobre sus propios cuerpos y sus propios proyectos de vida”, sostuvieron en un comunicado.

Las activistas instaron al Senado “a que esta vez escuche una demanda popular”.

En la misma línea se pronunció la organización Amnistía Internacional al señalar que la Cámara alta “tiene la oportunidad de hacer historia”.

“En los últimos 25 años, más de 50 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Australia, China, Sudáfrica y Uruguay han modificado su legislación reconociendo que el acceso al aborto sin riesgos es fundamental para la protección de los derechos, la vida, la salud y la autonomía de las mujeres y niñas”, sostuvo.

Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, afirmó que el Gobierno “tiene muchas expectativas” de que la iniciativa se convierta en ley. Agregó que el Ejecutivo se mantendrá distante y que “la tarea es de conciencia y no tiene que ver con un llamado... con un golpe de teléfono”.

Hace dos años, durante el mandato de Mauricio Macri (2015-2019), quien pese a estar en contra habilitó el debate, los senadores rechazaron la iniciativa que había sido aprobada por los diputados por un estrecho margen.

El aborto es un reclamo transversal de fuerzas políticas argentinas de distinta tendencia.

ABORTOS CLANDESTINOS

El proyecto busca la erradicación de los abortos clandestinos que han causado más de 3.000 muertes en el país desde 1983, según fuentes oficiales. El Gobierno señaló que cada año alrededor de 38.000 mujeres son hospitalizadas por estos procedimientos.

Entre los principales oponentes está la Iglesia católica, cuya jerarquía pidió a los legisladores “un segundo de reflexión frente a lo que significa el respeto a la vida” y sobre el peligro “de la cultura del descarte’’ mencionada por el Papa en varias ocasiones.

Diputados de distintas formaciones sostienen además que la práctica del aborto es inconstitucional porque viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la que atribuyen una jerarquía superior a la legislación nacional y que establece que el derecho a la vida “está protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción”.

El proyecto de despenalización incluye la figura de la objeción de conciencia

La opositora Graciela Camaño dijo que el aborto es la muestra de la “incapacidad política para resolver los problemas de la sociedad”.

“En lugar de resolver las causas, la falta de educación, la pobreza, las falencias, venimos a proponer que quede en la esfera privada de la mujer la solución del problema con el agravante de que el hombre no tiene nada para opinar”, sostuvo la legisladora.

Según el proyecto de ley, fuera del plazo de las 14 semanas el aborto se podría practicar en dos supuestos: si el embarazo es producto de una violación o si está en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.

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Por otro lado, contempla que la persona gestante deberá prestar por escrito su consentimiento para abortar a partir de los 16 años. La de menor edad tendrá que ejercer los “derechos a través de sus representantes legales”.

Además, incluye la figura de la objeción de conciencia expresada de forma particular por parte de los profesionales de la salud y también de las instituciones médicas privadas en las que todos sus médicos estén en contra de la práctica. Pero establece que los centros que no cuenten con profesionales dispuestos a realizar la interrupción del embarazo deben derivar a las pacientes a otra institución.

Tras dar luz verde a la despenalización del aborto, los diputados aprobaron el Programa de los 1.000 días, que contempla ayudas para embarazadas y madres de niños de hasta tres años.