El Gobierno lanza un plan para tratar de frenar la inseguridad en el Conurbano

El Gobierno nacional lanzará hoy un plan de seguridad para el Conurbano bonaerense, por medio del cual destinará 10.000 millones de pesos para equipar a las fuerzas policiales y ordenará el desembarco de 3.000 gendarmes en las zonas más calientes de los 24 distritos del primero y segundo cordón del Gran Buenos Aires. En la iniciativa quedaron afuera los partidos de nuestra región (La Plata, Berisso y Ensenada).

Así lo anticiparon a EL DIA fuentes gubernamentales, las que además precisaron que el anuncio será encabezado al mediodía por el presidente Alberto Fernández en la quinta de Olivos. Allí estará acompañado por el gobernador Axel Kicillof y por los ministros del área, Sabina Frederic (nacional) y Sergio Berni (bonaerense).

El plan de seguridad, como viene publicando este diario en las últimas semanas, surgió del reclamo de un grupo de intendentes oficialistas que no comulga con el manejo de la seguridad que hace el ministro Berni y que, en términos políticos, salteó la instancia de la Gobernación para llevar su demanda directamente a la Casa Rosada.

En el formato protocolar del acto podrá rastrearse la incidencia que tuvieron los jefes comunales en el plan. En Olivos también serán de la partida Juan Zabaleta (Hurlingham) y Mariano Cascallares (Almirante Brown); junto a otros oficialistas como José Mussi (Berazategui), Fernando Espinoza (La Matanza) y Juan Andreotti (San Fernando).

En la quinta presidencial, el único intendente de Juntos por el Cambio será Jorge Macri (Vicente López), otro de los que estuvo al tanto de las negociaciones previas y construyó una buena relación personal con Alberto F. En tanto, el lanzamiento tendrá tres “sucursales” en el GBA: Quilmes (Sur); Merlo (Oeste) y San Isidro (Norte).

En Quilmes, con la intendenta Mayra Mendoza como anfitriona, se darán cita Máximo Kirchner (jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos) y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. La presencia del funcionario se deberá a que la cartera a su cargo destinará fondos a la refacción de comisarías, alcaldías y cárceles.

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En San Isidro, el anfitrión será Gustavo Posse, radical dentro de JxC. Allí lo acompañarán el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Transporte, Mario Meoni, ya que un aspecto del plan estará enfocado en mejorar la seguridad en los medios de transporte (trenes y colectivos) y en la instalación de “paradas seguras” con botones antipánico.

La tercera subsede del anuncio se constituirá en Merlo. El intendente local, Gustavo Menéndez, recibirá al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y al ministro del Interior, Wado de Pedro. En los tres municipios se reunirán también otros jefes comunales del Conurbano, que aparecerán rodeados de víctimas de la inseguridad.

De acuerdo a las fuentes consultadas, los intendentes son los principales interesados en la instrumentación del plan. A tal punto, que de los 10.000 millones de pesos de los que constará su financiamiento, 7.500 millones se distribuirán entre los 24 municipios del GBA –en un índice por cantidad de habitantes- y 2.500 millones irán a la Gobernación.

La Provincia, por su parte, tendrá a su cargo la incorporación de 10.000 agentes para la Policía bonaerense, aunque se estima que podría demorar al menos dos años. Mientras que el Ministerio de Seguridad nacional reforzará el plan Centinela 2 con 3.000 miembros de las fuerzas federales, la mayoría de integrantes de la Gendarmería.

A nivel municipal, serán los intendentes los que determinarán cómo invertir los recursos que llegarán desde el Gobierno nacional. Según trascendió, el jefe de Gabinete Cafiero estuvo involucrado directamente en las negociaciones con los jefes comunales, ya que cuenta con la facultad de reasignar recursos dentro del presupuesto público.

El propio Presidente decidió no hacerse “el distraído” con la inseguridad que flagela al GBA, como él mismo lo declaró, después de que un grupo de intendentes le advirtió que se trata de la primera demanda de la población en el Conurbano, donde los índices delictivos se dispararon pese a la parálisis que impone la cuarentena por la pandemia de coronavirus.

A las “entraderas”, que muchas veces terminan en actos de extrema violencia e incluso en homicidios, se sumaron en las últimas semanas las usurpaciones de terrenos fiscales y privados, en un fenómeno que contiene un costado social pero otro asociado a organizaciones delictivas, que alteran la paz social en la región más densamente poblada de la Provincia.

“Todos los intendentes, sin distinción de espacios políticos, estamos pidiendo que el gobernador Kicillof marque en forma clara su postura y de un mensaje contundente respecto de las tomas”, dijo ayer el opositor Jorge Macri desde Vicente López. También los jefes comunales del Frente de Todos están preocupados por el aumento de las tomas de tierras.

En la previa del anuncio, el presidente Fernández advirtió que “quienes más padecen la inseguridad son los pobres”. Aunque el jefe de Estado, el Gobernador, ni los intendentes admitirán que un costado del plan de seguridad tiene fines electorales: por ese factor, el peronismo perdió las elecciones de medio término en 2009 y 2013 y no quiere que se repita en 2021.