Si Nación no se superpone con las provincias, cierra el déficit

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La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se constituyó en 1996. Al equipararse a una provincia significa que todas las funciones provinciales que el Estado nacional venía ejerciendo sobre la capital federal deben ser transferidas a la CABA.

Estas son, entre otras, la regulación y gestión de los servicios públicos de distribución eléctrica, agua y saneamiento, transporte público, ejercicio de la medicina, la administración de la justicia ordinaria (civil, comercial y laboral) y el control de las personas jurídicas (o sea, la administración de la Inspección General de Justicia). Luego de 27 años de autonomía, este proceso sigue inconcluso.

En todas las provincias, estas funciones -que en CABA las ejecuta el Estado nacional- las gestionan y financian las provincias. Por esto, la transferencia parcial de los servicios a la CABA constituye una situación irregular, distorsiva y muy inequitativa.

De aquí se derivan hechos muy paradójicos. Por ejemplo, cuando se produjo la crisis de los cortes de luz en el verano debido a la falta de inversiones en la red de distribución eléctrica del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) -cabe aclarar que esto fue producto de la demagógica política del Estado nacional de congelar la tarifa eléctrica-, en medio de los cacerolazos, las autoridades nacionales se quejaban por la ausencia del Jefe de Gobierno porteño ante las protestas.

Tenía su razón de no estar, si la distribución eléctrica nunca terminó de ser transferida a la CABA.

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Otro ejemplo. El transporte urbano en CABA tampoco fue transferido por lo que sigue en manos del Ministerio de Transporte nacional. Mientras se estaba en el tiempo de la demagogia del congelamiento del boleto de colectivo en el AMBA, todo eran anuncios felices. Cuando los subsidios nacionales para las empresas de colectivo del AMBA dejaron de alcanzar se produjo un paro masivo de colectivos que arruinó el día a los porteños y a los habitantes del conurbano. Las autoridades nacionales, entonces, se quejaron también de la ausencia del Jefe de la Ciudad (de Buenos Aires).

La paradoja luego se dio al revés. El PRO hace 16 años que gobierna la CABA y nunca se preocupó por solicitar a la Nación la correspondiente transferencia de la Inspección General de Justicia (IGJ). Fue más cómodo que esto siguiera siendo gestionado por el Estado nacional. Hasta que en plena contienda electoral, la IGJ intervino una fundación del PRO a lo que la oposición cerró filas condenando el acto bajo la acusación de interferencia política. Si en algún momento de los 16 años de gobierno se hubieran ocupado de hacerse cargo de la IGJ, estas sospechas de interferencia política no se hubieran producido.

Lo peor es que las dirigencias de las otras 23 provincias argentinas ven estas distorsiones del Estado nacional interfiriendo en el AMBA (CABA y el Conurbano) y en lugar de exigir que se regularice la situación y se proceda a la transferencia total de los servicios, como corresponde en un verdadero país federal, no piden que a ellas también las “ayuden”.

Así es como se toma con total naturalidad que la Rosada ejecute programas nacionales de educación, salud pública, desarrollo social, vivienda, urbanismo, ambiente, todas funciones provinciales, “ayudando” a las 23 provincias. Para ello, cuenta con ministerios de los que dependen grandes estructuras administrativas, superpuestos con los ministerios y estructuras administrativas de las provincias y hasta de los municipios en las ciudades más grandes.

Esto termina en una gran ineficiencia de la gestión pública, con gastos duplicados por el aumento de la burocracia y, lo peor de todo, por la dilución de responsabilidades ya que la población no puede identificar quien es el responsable por los malos resultados. No faltan los que defienden esta superposición de funciones -algunos verdaderos intelectuales, avezados analistas de la política pública- bajo el argumento de que contribuyen a nivelar asimetrías de desarrollo en el territorio del país.

Nada más lejos de la realidad

El Estado nacional gasta 2,5% del PIB en estas superposiciones nacionales en funciones provinciales. El 32% los asigna a CABA cuando ahí vive el 7% de la población argentina. El restante 68% lo asigna al resto de las provincias donde vive el 93% de la población argentina.

Lejos de nivelar asimetrías, las profundiza porque le da a CABA -la jurisdicción más rica del país- 6 veces más recursos por persona que al resto de las provincias. De lo que les da a las provincias, tampoco nivela ninguna asimetría porque los montos se distribuyen en función del color político del gobernador y del intendente.

Que el Estado nacional deje de interferir en funciones provinciales es tan urgente como estratégico. No hay que perder de vista que el 2,5% del PIB que el Estado nacional asigna a esto equivale al déficit fiscal primario que el Estado nacional dice tener.

Ergo, para cerrar el déficit fiscal primario hay que terminar con las superposiciones nacionales en funciones provinciales.