El Gobierno trabaja en una reforma en materia de Seguridad y crearía la Policía Migratoria

El Gobierno nacional, bajo la dirección estratégica de la saliente ministra Patricia Bullrich y su sucesora designada Alejandra Monteoliva, impulsa una reforma ambiciosa en el ministerio de Seguridad. El objetivo principal es expandir el poder y las jurisdicciones de la cartera de la mano de la creación de la Policía Migratoria, y teniendo como referencia al Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) de Estados Unidos.

Uno de los cambios más inmediatos es la transferencia del control de los  de la Dirección General de Migraciones al ámbito de Seguridad. Se creará una "Policía Migratoria", cuyos agentes serán entrenados como fuerzas de seguridad, reemplazando a los actuales funcionarios civiles. Esta medida busca profesionalizar la vigilancia en los puntos de entrada legales e ilegales, citando, como ejemplo, la incapacidad de los agentes civiles para detener a personas con alertas de Interpol.

El "nuevo" ministerio de Seguridad no sólo se enfocará en las fronteras. Sus competencias abarcarían también lo que es "ciberseguridad", una función que hoy superpone con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), terrorismo, para combatir potenciales amenazas terroristas dentro del territorio nacional, y la detección de peligros, monitoreo y detección de riesgos a través de redes sociales e internet.

El proyecto también incluye una profunda reestructuración de la Policía Federal Argentina (PFA), para lo cual se planea crear un cuerpo de élite dedicado a la investigación de delitos complejos a nivel federal, tomando como modelo el FBI.

Para liberar recursos humanos y económicos, se buscará que las provincias asuman el patrullaje de los ferrocarriles.

Tanto Bullrich como su sucesora, Alejandra Monteoliva, cuentan con el respaldo de la Casa Rosada, incluyendo a Santiago Caputo y Karina Milei, para implementar esta masiva reforma que promete redefinir el mapa de la seguridad nacional. El proyecto requerirá apoyo del Congreso para modificar leyes y podría generar resistencias en otros organismos estatales cuyas funciones se verían afectadas.