El Gobierno, atrapado entre el veto y el malestar de los gobernadores

Con vértigo, el Gobierno empezó a vivir “el día después” del jueves negro en el Senado, donde se convirtieron en ley varios proyectos impulsados por la oposición que la Casa Rosada impugna bajo la premisa de la preservación del equilibrio fiscal.

La decisión oficial de vetar esas leyes, adelantada por el presidente Javier Milei, reconocería sin embargo la legitimidad de la sesión polémica y choca con la estrategia de decir que la misma fue ilegal porque no respetó el reglamento interno de la Cámara alta. Que es el argumento con el que la Libertad Avanza recurriría a la Justicia para impugnarla.

Voceros oficiales como Patricia Bullrich o Guillermo Francos han insistido con esta tesis. Por ejemplo, la ministra de Seguridad volvió sobre el tema y aprovechó para atacar a Victoria Villarruel, titular del Senado, a quien el oficialismo responsabiliza por la realización de la sesión que terminó siendo una derrota política para la Rosada.

Dijo Bullrich: “La Vicepresidenta tendría que haberse puesto a la cabeza de decir ‘no voy a estar frente a una sesión que no es correcta, no es legal, no es legítima porque no estaba convocada’. Punto. Esa es la discusión”, dijo en un acto en Tres de Febrero. El jueves se había cruzado duro con la Vice en redes. Milei, incluso, le dijo “traidora” a su compañera de fórmula ese mismo día.

LOS GOBERNADORES, LA CLAVE

El Presidente había adelantado su intención de recurrir a la Justicia si no reúne el tercio de diputados que necesita para blindar el eventual veto. Son 87 almas de partidos como la UCR, el PRO y provinciales que la vez anterior, cuando también se quisieron imponer leyes similares desde la oposición dura, ayudaron al Gobierno a voltear la llamada “insistencia” en Diputados.

En el Gobierno parecería que había confianza en que podrán persuadir a algunos gobernadores para que presten colaboración llegada esa instancia, a pesar de que en la sesión del jueves esos mandatarios ordenaron a sus legisladores votar en contra de las pretensiones del Gobierno. Lo contó este diario: mucho enojo acumulado en las provincias por lo que estiman es un “maltrato” del Presidente con los que supuestamente son aliados.

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EL COSTO FISCAL

El jueves, en la sesión, el oficialismo sólo logró las abstenciones de los senadores de Misiones y de Chubut, las ausencias de los mendocinos, los chaqueños y los entrerrianos. No le alcanzó para evitar sacar las leyes. ¿Logrará más adhesiones que esas para sostener legislativamente el veto que se viene? ¿Por qué? ¿Cambió algo? Para trabajar en eso, Milei debería re-configurar su postura: acaba de acusar a todos los gobernadores por igual de complotar para que el gobierno caiga.

Para el Gobierno, lo que el Senado convirtió en leyes el jueves, en una sesión auto-convocada porque la oposición hizo valer su número mayoritario, atenta contra la lógica de superávit fiscal que rige el plan económico. Fueron la ley que mejora las jubilaciones, estipula un alza en el bono extra que cobran los que perciben la mínima y restablece la moratoria previsional (jubilar gente que no han hecho aportes) y una declaración de emergencia en el área de discapacidad que le garantiza un aumento de fondos.

Sobre este último punto, a Milei no lo conmovió ni siquiera el discurso de su amigo el senador Luis Juez, del PRO, padre de una nena con discapacidad, que votó a favor de la norma e hizo un sentido discurso. La ley, a diferencia de las otras, fue votada por unanimidad. El Presidente confirmó que la vetará.

Además de Bullrich y del propio Milei, Francos fue otro de los que adelantaron los pasos a seguir. “El Gobierno va a vetar y tendrán que ir otra vez a las cámaras para su ratificación. Para ratificarlas, necesitan dos tercios de cada Cámara. Trataremos de explicar por qué no son viables esas leyes y confiamos en poder convencer a los diputados, por lo menos a un tercio de los diputados o de los senadores para que no la ratifiquen”, sostuvo el jefe de Gabinete.

ATN Y COMBUSTIBLES

Pero el jueves el Senado aprobó otros proyectos, en este caso dándoles media sanción y enviándolos a Diputados para que allí los conviertan en ley. Uno: el reparto por ley de los llamados ATN (reparto de fondos discrecionales que hoy los decide el Ejecutivo según una lógica más política) y la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos. Son proyectos que presentaron los gobernadores, en clara muestra de distanciamiento con la Rosada porque se pasaron meses pidiendo que sea el gobierno el que solucione esos temas.